Productos financieros

A principios de la pasada década la mayoría de las entidades bancarias Españolas perdieron su tradicional vocación de atender a sus clientes y ofrecerles productos para cuidar los ahorros de los depositantes como si fueran propios. Dejaron de ofrecer productos sencillos y de fácil comprensión (cartillas, depósitos a plazo, .) para recomendarles activamente un cada vez más amplio portfolio de productos, de complejidad y riesgo en aumento, en los que la pérdida del cliente revertía en ganancias para la entidad. La crisis financiera que asola España desde el año 2008 ha materializado algunos de los riesgos de numerosos productos y ha puesto de relieve que la Banca Española (y detrás de ella las Cajas) habían venido sufriendo una profunda transformación de la que los clientes no eran conscientes.

Los departamentos de tesorería creaban (y siguen creando) productos desequilibrados, los departamentos de marketing elaboraban (y siguen elaborando) un argumentario para la red de oficinas que maximizaban (y siguen maximizando) las bondades de los productos y ocultan los riesgos bajo fórmulas genéricas. Por último, los empleados de las oficinas, con poca formación y bajo la falsa apariencia de ser asesores del cliente, comercializan los productos presionados por incentivos económicos.

A diferencia de crisis anteriores, el volumen de los perjuicios es tan grande y la negligencia de las autoridades tan obvia, que ha provocado un estallido social sin precedentes. Y eso no es lo peor: canjes voluntarios u obligatorios, arbitrajes, reestructuraciones y todo tipo de medidas intentan evitar el justo resarcimiento de los perjudicados por una estafa a gran escala.

La mala praxis de las entidades financieras merece una respuesta sin que ésta dependa de si el comprador del producto es una pequeña o gran empresa, un particular acaudalado o un humilde pensionista. El daño es consecuencia directa del incumplimiento por parte de las entidades de su obligación de informar antes y después de la venta de los productos. Los tribunales están reconociendo la razón a empresarios, cooperativas, corporaciones municipales, y, cómo no, también particulares.